Martes 13 de septiembre de 2022
El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) y el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) firmaron un convenio de colaboración y coordinación para instrumentar actividades y estrategias dirigidas al fortalecimiento, promoción y difusión de la cultura de la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y la rendición de cuentas, así como impulsar y transmitir un esquema de justicia abierta.
Por parte del ICHITAIP firmó el Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y por el Tribunal Superior de Justicia del Estado la Magistrada Presidente, Myriam Victoria Hernández Acosta; además de que como testigos de honor firmaron la Comisionada del ICHITAIP, Amelia Lucía Martínez Portillo y por el TSJE, Víctor Armando González Castro, Jefe de la Unidad de Transparencia y el Consejero Presidente de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura, Magistrado Francisco Javier Acosta Molina, además de contar con la presencia del Secretario General, Fernando Mendoza.
En el marco del evento celebrado en instalaciones del Poder Judicial, se dio a conocer la próxima realización del Primer Seminario de Justicia Abierta en Chihuahua: Rumbo a la construcción de una Política de Justicia Abierta, el cual va dirigido al personal de los 14 Distritos Judiciales y personal administrativo del TSJE.
Dicho seminario tiene como objetivo principal propiciar el intercambio de acercamientos conceptuales, metodológicos y buenas prácticas en torno a las dimensiones de la justicia abierta-transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas.
Al hacer uso de la palabra, el Comisionado Presidente del órgano garante, agradeció las aportaciones que realiza el Tribunal Superior de Justicia al ejercicio cotidiano de transparencia, al publicar sus sentencias y ponerlas al alcance de cualquier persona para su consulta.
A su vez, la Magistrada Presidente del TSJE, indicó que el esquema de justicia abierta parte de la idea de implementar políticas públicas que permitan un mejor funcionamiento y labor de los tribunales, con la finalidad de elevar el nivel de servicio en la impartición de justicia, sin vulnerar los principios de imparcialidad, independencia y autonomía en la actividad jurisdiccional.
