El Consejo General del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) resolvió tres recursos de revisión en contra de las Unidades de Información del Ichitaip, de la Junta de Asistencia Privada y del municipio de Juárez.
El primer proyecto de resolución fue expuesto por el Consejero Fernando Lino Bencomo Chávez, en él se solicitaban datos en materia de acceso a la información pública y relaciones interinstitucionales, además de información referente a las acciones del Ichitaip; el Consejo General revocó la respuesta otorgada para que la Unidad de Información del Ichitaip emita una nueva al recurrente.
El segundo proyecto de recurso de revisión fue presentado por la Consejera Alma Rosa Martínez; en este recurso, interpuesto en contra de la Junta de Asistencia Privada, se solicitaba una copia del oficio de autorización de la Contraloría del Estado, y de la autorización por escrito por parte de sus jefes de gobierno en Fomento Social de la frontera JAP, en el cual se permite que funcionarios falten a su trabajo para dar clases en la UACJ. Dicho recurso de revisión fue sobreseído por el Consejo General, ya que el recurrente carece de acción para impugnar dicho documento a través del recurso de revisión.
Por su parte, la Consejera Claudia Alonso Pesado expuso el proyecto de resolución del recurso de revisión en contra del municipio de Juárez en el que se solicitó información sobre el monto que se ha invertido en infraestructura urbana para el proyecto de transporte del municipio de Juárez, además de si han existido afectaciones por dichas obras; en este recurso de revisión el Consejo General ordenó modificar la respuesta otorgada para que el sujeto obligado emita la información relativa a la solicitud.
Durante la sesión del Consejo General tomó protesta la Lic. Norma Ordóñez García, quien se desempeñará como coordinadora de Planeación y Seguimiento del Ichitaip. Norma Ordóñez García se ha desempeñado en diversos puestos públicos, y es licenciada en derecho por la UACH, además de contar con una maestría en ciencias penales.
