Lunes 11 de junio de 2018
La nueva Ley General de Archivos obliga a las distintas esferas de gobierno (Federal, Estatal y Municipal), a analizar el impacto que tendrán las nuevas disposiciones en los sujetos obligados a fin de cumplir con los sistemas de archivos, así se advirtió en el Foro de la Ley General de Archivos al que convocó el INAI y en el que participaron la Comisionada del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información (ICHITIPA), Amelia Lucía Martínez Portillo y Silvia Yadira Ramos Meza, Directora de Archivos.
El evento se realizó en el marco del “Día Internacional de los Archivos” y la reciente aprobación de la Ley General de Archivos, a convocatoria del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en coordinación con el Archivo General de la Nación, con el objetivo de identificar los alcances en la aplicación de la Ley General de Archivos, y el impacto de sus nuevas disposiciones en los sujetos obligados y en los sistemas de archivos de las entidades federativas.
Aunado a lo anterior, se pretende resaltar las fortalezas y debilidades, en busca de perfeccionar el trabajo achivístico en los sujetos obligados y comparar el impacto que generará en los sistemas estatales.
Luego del mensaje del Comisionado del INAI Rosendoevgueni Monterrey Chepov “Estrategia para la armonización legislativa estatal”, se dio paso a la conferencia La Ley General de Archivos: un Proyecto de Voluntades y Compromisos”, impartida por Mercedes de Vega, Directora General del Archivo General de la Nación.
En un segundo tema se analizó “La Protección de Datos Personales en los Archivos Históricos”, que impartió Liliana Veloz Márquez, Directora Ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas; y para finalizar se vieron “Los Retos de la Transparencia y sus Sujetos Obligados ante la Ley General de Archivos”.
La discusión de dichos temas versó sobre el tratamiento que debe darse a los documentos que contienen datos personales y datos personales sensibles, específicamente en los expedientes históricos, así como las atribuciones de los órganos garantes para promover medidas que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, partiendo de la necesidad de contar con archivos organizados.
