Martes 4 de mayo de 2021
La Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), Josefina Román Vergara, dio a conocer que el órgano garante intentará alcanzar la suspensión de los efectos de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por el que se crea el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, porque de lograrla los efectos serían de beneficio general para los mexicanos.
Comisionados de órganos garantes de las entidades federativas que conforman la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), realizaron éste martes un Conversatorio vía electrónica, donde se dio la participación de la Comisionada Josefina Román, quien hizo el anuncio.
Sin embargo, la funcionaria del INAI advirtió que se trata de una medida difícil, con pocas posibilidades de lograr, pero a diferencia de un amparo que protege únicamente al quejoso, beneficiaría todas las personas que hacen uso de la telefonía celular.
En esta sesión de Comisión, bajo la coordinación de Cinthya Denise Gómez Castañeda, Comisionada del Instituto de Transparencia de Baja California, participó el Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, en su calidad de integrante de dicha instancia del SNT.
En este ejercicio, los representantes de los órganos garantes de todo el país, declararon su apoyo total a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el INAI en contra de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por el que se crea el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil por considerarla violatoria de los derechos humanos referentes a la protección de datos personales.
Las participaciones que se dieron por parte de Comisionados de diversos órganos garantes, como el INFOCDMEX, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), y la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por mencionar alguno, coincidieron en señalar violaciones a la Constitución en que incurre la reforma en cuestión.
Dicha legislación, señalaron, es una transgresión directa a derechos fundamentales de las personas, como es la protección de datos personales, al invadir la esfera privada, además de carecer de claridad en varios de sus puntos, como es el solicitar datos biométricos, pero sin señalar cuáles; además, su implementación tiene costos asociados al consumidor y concesionarios, pero sobre todo para los particulares, quienes tendrían que dar sus datos personales sin las medidas de protección.
Además, consideraron necesario retomar algunos casos de países que cuentan con tratamiento de datos personales, que son conocidos por ser estados no democráticos, como Arabia Saudita, Afganistán y Blangadesh.
Así mismo, se señaló que el legislador no planteó la manera en que se realizará la transferencia de datos personales, aunado a que una medida así, implica capacitar a cientos de miles de personas en el manejo de datos personales.
También es violatorio de la Constitución, aprobar una nueva ley, sin hacer la previsión financiera para su implementación, entre otros señalamientos más.
